Ciudad de México a 22 de Febrero (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO /CÍRCULO DIGITAL).-Senadores del Grupo Parlamentario del PT-Morena analizaron junto con voces especializadas la ley reglamentaria al artículo 123 constitucional en materia de justicia laboral.

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes fue el encargado de moderar el evento al que fueron convocados el coordinador parlamentario del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz; la integrante del gabinete propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; Héctor Barba García, licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara; el abogado laboral, Arturo Alcalde Justiniani; Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Ismael González, profesor e investigador de la UAM-Azcapotzalco; y Cathy Feingold, de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

En el marco del Foro para el Análisis de la Ley Reglamentaria al Artículo 123 Constitucional, en Materia de Justicia Laboral, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, recordó que hace prácticamente un año se aprobó una reforma constitucional del artículo 123, que implicaba cambiar el modelo de justicia en el derecho laboral.

Luis Humberto Fernández afirmó que esto representó avances muy significativos como el voto secreto, procedimientos más ágiles y una integración de un órgano nuevo para el registro; “sin embargo, hoy vemos con gran preocupación que una iniciativa que, sin duda, se redactó en un despacho patronal, no veo como se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal, y es con gran vergüenza presentada por líderes llamados obreros”.

A su vez, el senador Manuel Bartlett Díaz advirtió que los cambios aprobados por el pleno del Senado para la conformación de la Comisión del Trabajo, con los se integraron dos senadores más a dicha comisión, pretenden tener una mayoría cómoda para poder echar atrás la reforma constitucional al 123 que presentó avances.

Señaló que hay una urgencia por modificar la composición de la comisión que ha llevado a falsificar acuerdos para quitarle la presidencia al senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien tomó la decisión de integrarse al PT-Morena.

Por su parte, Luisa María Alcalde Luján señaló que la ley secundaria en comento nos lleva a la reflexión de por qué en México se tienen salarios tan precarios, por qué no hay seguridad social para los trabajadores y por qué existen sectores tan desprotegidos como el campo.

Agregó que la respuesta a esas cuestiones recae en entender que no habido en el país la posibilidad y la libertad de que los hombres y las mujeres se organicen de manera democrática.

“La libertad sindical y la democracia sindical es algo que jamás hemos tenido acceso y eso nos lleva a la precarización del empleo que tenemos hoy, por eso tenemos los salarios que tenemos y por eso no hemos logrado avanzar en términos laborales”, dijo.

La ex diputada federal destacó la necesidad de realmente tener sindicatos libres y que de la mano del desarrollo empresarial exista una verdadera contratación colectiva y las mejoras en las condiciones laborales.

“Queremos que junto con el conjunto de iniciativas que se presentaron en materia de justicia cotidiana, la ley laboral sea una de ésas y todo ese conjunto de reformas planteó también un procedimiento en el que se involucre a los expertos y diferentes sectores que participan en la reforma”, dijo.

Alcalde Luján consideró muy importante que los senadores del PT-Morena “eviten que nuevamente el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones y vuelva a sujetar la posibilidad de una verdadera democracia y libertad sindical”.

Al hacer uso de la palabra, Héctor Barba señaló que existe una iniciativa promovida por la UNT que se plantea con estricto apego a la reforma constitucional, en la cual se debe reglamentar el voto personal directo y secreto, y en la que se deben reglamentar en forma congruente con los principios de la reforma constitucionales las facultades de los tribunales laborales.

“Estamos en un momento que puede ser álgido en el proceso legislativo, correspondiente a la reglamentación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral”, señaló.

Señaló que es necesario reglamentar puntualmente la reforma constitucional, en comparación con otras iniciativas que están el Senado y que buscan convertir al mundo del trabajo en un sistema de trabajo que existía en tiempos de Porfirio Díaz.

Comentó que esta reforma sería adversa a los derechos fundamentales y humanos de los trabajadores de nuestro país, por ello en el Senado se deben evitar albazos que serían contrarios a la función social que corresponden al Congreso mexicano.

En su turno, Arturo Alcalde pidió que el Congreso de la Unión abra espacios de reflexión para tratar este complejo tema, “necesitamos tiempo, hay propuestas como la de la UNT, que tiene que ver con toda la historia de la lucha laboral”.

“Sabemos cómo sí de una manera equilibrada en favor del país, para que el tema laboral sea un elemento clave en el desarrollo integral y que todos podamos vivir dignamente de nuestro trabajo”, señaló.

A su vez, Alfredo Sánchez apuntó que existen cuatro cuestiones técnicas que consideró los errores de la Reforma Laboral; el primer error es el tema de la legislación sustantiva, el cual tiene que ver en materia de derecho sustantivo del trabajo; el segundo error es el mal diseño de la conciliación, y esto se debe a que la reforma busca impulsar la conciliación pero la regulación secundaria no detalla cómo se va a realizar la conciliación.

Manifestó que el tercer error cae en materia procesal, ya que es una reforma procesal ambigua o contradictoria, porque en algunos elementos sigue teniendo elementos equilibradores del proceso entre trabajadores y empleadores, mientras que en otras partes carece de herramientas para ese equilibrio.

Finalmente, explicó que el cuarto error tiene que ver con la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, órgano descentralizado con varios defectos en su diseño que busca transformar parte del trabajo administrativo que se hacían en las juntas de conciliación y arbitraje con el fin de tener un control de las huelgas, de los contratos colectivos y los registros sindicales.

“La Reforma Laboral, otra vez es ambigua, contradictoria o aberrante porque parte de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos laborales, sin embargo tal como se está reglamentando están atentando en contra de los derechos humanos laborales fundamentales en el trabajo”, indicó.

Por su parte, Ismael González comentó que la Reforma Constitucional en Materia de Justicia laboral de 2017 determinó, entre otros aspectos, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales integrantes del poder Judicial de la federación y de los estados de la República.

Se trata, agregó, de reglamentar la forma en que se integrarán y operarán los tribunales de lo laboral, los centros de conciliación locales y el órgano descentralizado local hoy propuesto como Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales.

El funcionamiento de estos centros de conciliación y del organismo descentralizado, se dice, estaría determinado en las leyes locales de cada  entidad federativa  y en la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, informó.

“No obstante los autores de la iniciativa de referencia van un poco más allá y pretenden que también se abarque la desregulación de la subcontratación u `outsourcing´ para favorecer a las empresas que por esta vía eluden obligaciones patronales”, lamentó.

Planteó que tras las propuestas normativas modifican los criterios registro de sindicatos y contratos colectivos, así como del tribunal de lo laboral en materia de huelgas, pues existe la preocupación de cancelación de contratos de trabajo para los sindicatos gremiales, ya que estarán a lo que negocie el sindicato de empresa.

Como ejemplo, dijo que “se deja en manos de los patrones decidir cuándo se va a terminar la huelga, absurdo, es inconstitucional, el derecho de los patrones es el paro, quieren hacer paro que lo hagan, que lo justifique y lo hagan pero la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores”.

En tanto, Cathy Feingold expresó que en México existe una situación complicada en su situación laboral, misma que afecta a los trabajadores y los salarios que éstos perciben.

“Lo que estamos buscamos es un nuevo modelo de comercio que puede brindar al movimiento sindical más poder aquí para seguir luchando para los trabajadores para que tengan un trabajo decente”, subrayó.

Asimismo, añadió que México al no contar con un modelo de comercio que permita mejorar la situación laboral, no debe de caer en la intención de apoyar otro modelo roto que signifique mayores problemas para los trabajadores.

“El Gobierno no puede apoyar una contrarreforma que va significar que la situación laboral va a ser peor todavía. Estamos, seguimos aquí con usted para que de verdad podamos priorizar un nuevo modelo de comercio, un nuevo modelo de relación industriales”, concluyó.

Sobre las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hizo un llamado para que se haga una negociación con modelo diferente y que logre cambiar la situación de México, así como los contratos de protección.