Ciudad de México a 24 de Octubre (AMPRYT NOTICIAS).-Las “Directrices para la reintegración familiar de niños, niñas y adolescentes”, son una herramienta para que a quienes se les hayan vulnerados sus derechos humanos en contextos de violencia, inclusive desde el seno familiar, tengan la opción de ver la restitución de sus derechos.

Así lo señaló la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, quien agregó que para que esto suceda, cualquier acción debe incorporar una visión holística de protección a sus derechos humanos y el interés superior de la niñez como principio básico y fundamental para abordar problemáticas como violencia, discriminación, abuso, abandono, explotación y cualquier otra que se desarrolle en la familia.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, precisó que en la implementación de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes es indispensable una mayor asignación de recursos presupuestales, focalizados a la atención integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En un breve mensaje,  el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, reconoció el trabajo de la senadora García Gómez, al frente de la Comisión, cuya labor es un ejemplo de cómo trabajar en el Parlamento y de que se ha esmerado en que esto pudiera salir bien desde la elaboración de la ley y, ahora, con la presentación de estas directrices para que las cosas pudieran suceder.

“Estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho, de cómo se ha socializado, de cómo se han podido enriquecer las propuestas originales con el trabajo de todos ustedes; de manera que es un ejemplo de cómo debe trabajarse en el Parlamento, de manera abierta escuchando a todos los actores involucrados en las definiciones del marco normativo que hagamos”, sostuvo.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, expresó que las directrices apoyan lo que México ya estableció en la Ley correspondiente: dejar como último recurso y por el menor tiempo posible, la posibilidad de que un niña, niño o adolescente pueda estar institucionalizado.

Destacó que la Ley General crea un sistema que debe garantizar políticas públicas que establezcan la importancia de que haya hogares sustitutos a la institucionalización; para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en una familia, como principio fundamental y para su desarrollo, aunado al interés superior de la niñez y de la corresponsabilidad del Estado, sociedad y familias.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respaldó la solicitud de la senadora Martha Elena para contar con presupuestos suficientes y, además, realizar un trabajo transversal en el que se revisen los sistemas de protección e instituciones que trabajan con poblaciones infantiles y juveniles.

En materia legislativa recomendó una normativa clara que oriente sobre la integración familiar y permita el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia.

Daniel Ponce Vázquez, coordinador de Vinculación, Dependencias y Órdenes de Gobierno, secretario ejecutivo del SIPINNA, dijo que las directrices serán el insumo fundamental para que las comisiones del Sistema puedan incorporarlo a su agenda y para avanzar en la formulación de políticas públicas que integren el principio fundamental del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Carlos Manzo Gjumilich, director general de Coordinación y Políticas Públicas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que se trata de una herramienta que consolidará la asignatura pendiente sobre la reintegración de familias, la cual debe ser prioridad, pues no hay documento que la refiera.

Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la cancillería cuenta con un protocolo de atención consular para niñas, niños y adolescentes, ejemplo de la importancia de este tipo de herramientas para hacer realidad los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La representante adjunta del UNICEF en México, Pressia Arifin-Cabo, dijo que se trata de un documento de gran relevancia que pone de manifiesto el derecho de todo niño, niña y adolescente reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, a vivir en una familia que le brinde protección y cuidado, cuando se ha tenido que separar por diversas causas, entre las que se encuentra la pobreza, violencia, migración, trabajo infantil o falta de acceso a una educación cercana a sus hogares.

En México, agregó, de acuerdo con el censo Nacional de Alojamiento, Asistencia Social existen aproximadamente 33 mil niñas, niños y adolescentes en algún tipo de centro de asistencia social, de estos, 24 mil 132 en centros de asistencia social exclusivos para niñas niños y adolescentes, todos tienen una característica en común, se encuentran privados del derecho a vivir en familia.

En su oportunidad, Isabel Crowley, directora General de Fundación Juconi, puntualizó que el documento es una herramienta para guiar acciones y procedimientos de quienes intervienen en la restitución de derechos de los niños, y reconoció que el reto ahora es su aplicación y poder cambiar el paradigma de ir de un asistencialismo a la verdadera restitución de derechos.

Martha Santos Pais, representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra niños, subrayó que las directrices son importantes para adelantar progresos en la implementación de la nueva agenda de desarrollo sostenible, cuya misión es asegurar el progreso en condiciones de vida para la familia humana, sin dejar a nadie atrás.

Amanda Griffith, de Family for Every Child, puntualizó que el compromiso es prevenir la pérdida del cuidado familiar siempre que sea posible. Por ello la importancia de las directrices, para permitir a los niños crecer en familias seguras y amorosas y asegurar que cualquier cuidado alternativo sea de alta calidad y temporal.