CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—Senadores del Grupo Parlamentario del PT-Morena se manifestaron en contra de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y regresiva.

Al expresar su voto en contra en lo general, el senador Miguel Barbosa Huerta aseguró que esta ley pone en riesgo la institucionalidad de las fuerzas armadas y lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra Nación, profundizará la descomposición social.

“Las fuerzas armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque esto alteraría de manera fundamental la naturaleza de las instituciones básicas del Estado; transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político; significaría modificar su cimiento en la legitimidad social, para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina”, afirmó.

Ley riesgosa en extremo: Barbosa

El vicecoordinador político del PT-Morena advirtió que la aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia y fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos.

“Lo que necesitamos es erradicar la corrupción en el combate a la delincuencia y terminar con la impunidad; ése es el verdadero clamor de nuestra sociedad y no la mala utilización de nuestras fuerzas armadas”, sostuvo Miguel Barbosa.

Por su parte, el senador Raúl Morón Orozco apuntó que esta ley es parte de una política “negacionista”, que quiere ocultar la desaparición forzada de miles de mexicanos o de homicidios y tortura  como consecuencia de una política belicista, militarista.

Aseveró que antes de modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en México, el Gobierno Federal debe cumplir las recomendaciones de las que ha sido objeto en lo que se refiere a la violación sistemática contra los Derechos Humanos.

“Es urgente que el actual Gobierno Federal genere las condiciones para esclarecer las masacres de San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como miles de desapariciones forzadas, en las que se presume hubo una participación de integrantes de las fuerzas armadas”, dijo.

Raúl Morón concluyó que la Ley de Seguridad Interior es una ley de represión y de guerra.

En su turno, el senador Benjamín Robles Montoya apuntó que se debe obligar a cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones, a tener cuerpos policiacos bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporaciones y sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social.

“No podemos permitir que las Fuerzas Armadas actúen de motu propio, sin un mandato claro y mucho menos, sin que ello quede documentado”, dijo.

Reiteró la necesidad de escuchar las voces de académicos, de instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, “que nos exigen no aprobar esta ley, es un riesgo, es un error, y los conminamos a actuar como lo está planteando la mayor parte del pueblo de México”.

A su vez, el senador Mario Delgado Carrillo presentó una serie de videos con testimonios de víctimas de violación a sus derechos humanos por parte de elementos de las fuerzas armadas.

“Esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran que no existieran, son las voces del dolor, son los costos de la seguridad militarizada, son las viudas, las madres, los hermanos que lloran y reclaman la injusta muerte de sus familiares inocentes, o los sobrevivientes que les cambió la vida para siempre”, añadió.

El legislador comparó las observaciones que el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU ha hecho a México con la que emitió para países conocidos por tener regímenes genocidas.

“Me parece que lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al Diablo a las instituciones internacionales, mandar al Diablo a la ONU, mandar al Diablo a la OEA y mandar al Diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad y va a seguir exponiendo al Ejército mexicano a estas violaciones de derechos humanos”, concluyó.

El Ejército, en riesgo de desgaste: Luis Humberto Fernández

Asimismo, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes argumentó que la ley es inútil, inconstitucional y peligrosa, porque genera incertidumbre y tensiones innecesarias y expone al Ejército a un desgaste sinsentido.

“Hoy harán un gran daño. Ésta es la ley de fracaso, es la ley del fracaso en la pacificación del país, es la ley del fracaso en construir una policía confiable, es la ley del fracaso de la gendarmería como institución civil, es el fracaso de la política por su incapacidad de oír a la mayoría de las voces sensatas e independientes”, dijo.

El senador Zoé Robledo aseveró que se está avalando la instauración de una presidencia autoritaria que pretende permanecer en el poder.

No obstante, agregó, “la gente ha perdido el miedo, el miedo se debe de ubicar en el lugar correcto, en ustedes, en sus corazones, por el terrible agravio que le están haciendo al Ejército, a la nación y a todos y cada uno de sus representados”.

La senadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que el camino a la paz necesita salarios justos, servicios de salud y garantizar que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que tanto buscan para su realización, así como para cumplir con muchas demandas sociales que hoy estamos en deuda todos con los mexicanos.

“Es un riesgo real que la autoridad civil quede subordinada al ejército, situación que solo mermaría su relación con la sociedad, pues dicho sea de paso, desafortunadamente en los últimos años nuestras fuerzas armadas han sido fuertemente cuestionadas por presuntas violaciones en materia de derechos humanos”, dijo.

Para la senadora Luz María Beristain, la Ley de Seguridad Interior es un acto de simulación que busca darle una actuación a las fuerzas armadas para evitar que los estados hagan su trabajo en el apropiado entrenamiento y equipamiento de policías y así poder desentenderse para que el Ejército, Fuerza Área y Marina hagan el trabajo que le corresponde a las entidades federativas.