Ciudad de México a 22 de diciembre (CÍRCULO DIGITAL).-La promulgación de la Ley de Seguridad Interior es la “rivalización” del presidente Enrique Peña Nieto con la opinión de la sociedad, al gobierno ya no le importa, y lo hizo por dos razones: porque fue una instrucción del gobierno de Estados Unidos, y porque quieren tener un Ejército libre por si hay cambio en el poder en 2018, afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena señaló que Andrés Manuel López Obrador encabeza un movimiento para transformar la realidad injusta de México, y esa realidad es producto de malos gobiernos, de un ejercicio del poder público corrupto, ineficaz, ineficiente, burocrático, costoso, que privilegia los negocios por sobre el servicio a la gente, “que se ha vuelto distante y rivalizador de lo que piensa la sociedad”.

Prueba de ello – aseguró – es la promulgación y publicación que hizo el presidente Peña Nieto de la Ley de Seguridad Interior, cuya aplicación “es riesgosísima” porque mete a las Fuerzas Armadas al combate al crimen organizado, a los temas de seguridad pública, que en ese tenor les permite presencia militar en las calles.

Dijo que a pesar de las recomendaciones y opiniones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el presidente de la República “rivaliza” con la sociedad el decidir la promulgación de dicha ley.

“En el ejercicio del poder actual ya no hay visión de Estado, no hay estadistas que distingan perfectamente cuál es el papel del Ejército, una institución que todos respetamos, pero que tiene que estar ajustada a sus atribuciones constitucionales para defensa de la soberanía, del territorio, nada más”, explicó.

Miguel Barbosa Huerta indicó que no debe olvidarse la situación que vivía México hasta antes de 1940, cuando el Ejército y sus generales estaban fuera de cualquier control.

El senador poblano dijo que durante el debate de la Ley de Seguridad Interior, quienes se pronunciaron en contra pidieron que sí haya participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, pero bajo el control de la autoridad civil, “y que no tengan esa posibilidad de accionar de manera libre y con la presencia en las calles de lo que ellos llaman para prevenir, para investigar amenazas o riesgos a la seguridad interior”.