Ciudad de México a 23 de Diciembre (FRANCISCO MONTAÑO/CÍRCULO DIGITAL).-A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez propuso la creación de la Ley General de Comunicación Gubernamental, reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución, cuyo objetivo es normar el gasto que ejerce el gobierno en publicidad, garantizar el respeto a la libertad de expresión e información y evitar la promoción personalizada de servidores públicos.

En tribuna, el coordinador de la fracción del PRD indicó que resulta indispensable expedir una ley que atienda los criterios establecidos por la resolución de la Suprema Corte, así como las recomendaciones emanadas de organismos nacionales e internacionales.

“Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en un fallo histórico, se urgiera al legislativo estipulando, además de los plazos ya caducados, uno más para que el Legislativo cumpla con su obligación de legislar, de hacer la Ley en esta materia para establecer el marco de actuación de los gobiernos y entes públicos en materia de comunicación”, mencionó.

Explicó que la iniciativa toma como referencia la que fue presentada por el Grupo en 2012; pero se propone como una ley general, y no federal, para que su aplicación sea en los tres niveles de gobierno.

El documento presentado al Pleno del Senado, establece los criterios que delimitarán la repartición de presupuesto con la finalidad de acabar con la asignación discriminatoria de los recursos en un sólo medio de comunicación.

“Evita que los gastos se concentren en una sola dependencia y con ella el mal manejo y la corrupción”, indicó.

Además, propone controlar de manera externa la asignación publicitaria mediante un consejo autónomo del Ejecutivo Federal y de los estatales que vigile y regule la comunicación gubernamental.

Señala que los mecanismos para la contratación serán transparentes, los sujetos obligados proporcionarán un informe anual sobre cómo destinarán los recursos que asignan a los medios.

También establece que se contará con un control externo, el Consejo Nacional de la Comunicación Gubernamental, que vigilará el manejo de los recursos de Comunicación Gubernamental en todos los órdenes de gobierno.

El Consejo Nacional de la Comunicación Gubernamental contemplado en esta ley, sería responsable de supervisar y evaluar la política en la materia, con especial énfasis en los procesos de contratación y distribución de tiempos oficiales.

Dicha instancia sería un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de propaganda gubernamental, los procesos de contratación y difusión.

Además, vigilaría que los contenidos se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por la ley, a fin de garantizar la vigencia de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 134 constitucionales.

Sánchez Jiménez aseguró que se trata de instrumentar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad, gobierno y partidos, estableciendo en el texto constitucional las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, refirió el senador del PRD.

En esta nueva legislación, indicó, se atiende la urgencia de regular el gasto en comunicación gubernamental en todos los niveles, ya que informó que en los primeros cuatro primeros años de la administración de Peña Nieto, se erogaron más de 36 mil 261 millones de pesos en materia de publicidad oficial.

“Además, anualmente hay sobre ejercicios en la materia que, entre 2013 y 2016, alcanzaron a ser del 71.86 por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados” concluyó el legislador por el Estado de México.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.