Ciudad de México a 31 de Octubre (CÍRCULO DIGITAL).-Subo ante esta Tribuna sumamente molesta, dolida, hasta con rabia por lo que está sucediendo en mi Estado, Baja California

Desgraciadamente contamos con un Gobernador panista insensible, ajeno a los problemas de la gente, sin corazón; cuyo único fin es el de acrecentar su cada vez más abultada cartera.

Quiero solicitar su solidaridad y aprobación al punto de acuerdo de urgente resolución que se presenta, mediante el cual se solicita se gire exhorto respetuoso pero enérgico a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones Ejecutivas en el Estado de Baja California y en toda la República Mexicana, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten, tomando siempre en consideración a la población y al Congreso Local, alejándose por tanto, de cualquier criterio electoral, partidista o de amistad; considerando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su Estado.

El Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, ha realizado una serie de asignaciones directas y de licitaciones a escondidas, a través de las cuales otorga a sus amigos, socios de sus negocios particulares y parientes de otros funcionarios del Estado, una serie de construcciones y obras públicas, utilizando indebidamente la figura de las Asociaciones Público Privadas.

Tres ejemplos: 1) el otorgamiento a favor del Senador Panista Víctor Hermosillo Celada, de la construcción del PERIFERICO denominado AEROPUERTO-ZAPATA-DOBLE PISO A PLAYAS DE TIJUANA, por 12 mil millones de pesos, pagaderos a 27 años, con derecho además a cobrar peaje por la utilización de dicho tramo. NEGOCIO REDONDO.

2) La asignación directa a favor de la comercializadora de los yernos del secretario de turismo estatal, Oscar Escobedo, de todo tipo de utensilios y enseres que ocupe el Gobierno del Estado.

3) La construcción de dos plantas desalinizadoras, que casualmente va a construir el tío del ex secretario de finanzas Antonio Valladolid y del actual Secretario de Fomento Agropecuario Manuel Valladolid, en el poblado de San Quintín y otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando al Estado por una suma inicial de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS más IVA por los próximos 37 años; cuando se tiene garantizado el abasto hasta por lo menos el año 2028, según datos proporcionados por CONAGUA.

Afortunadamente, los bajacalifornianos se cansaron de tanta corrupción y desgobierno, por lo que han realizado una serie de manifestaciones por todo el Estado, que han impedido se apruebe el dictamen correspondiente y que se dé reversa a la modificación de la Ley del Agua que ya habían aprobado los diputados locales del PAN, PRD y MC.

Tan sólo con la construcción de estas desalinizadoras que ahora ya bajaron de nivel y solo se van a quedar en desaladoras, para poder vender el agua que viene del Río Colorado al vecino Estado de California, se quintuplica la deuda Estatal y se eleva el costo del agua para los habitantes en un 92%; afirmaciones éstas que originalmente no las hago yo, las hizo el diputado local panista MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLAN, quien fue el único de esa bancada que se atrevió a oponerse al Gobernador.

Así las cosas, al cobrarse un derecho por el uso del agua, el que además va a ser incrementado substancialmente, resulta imposible que esa obra tan necesaria sea de “RENTABILIDAD SOCIAL”; ya que no beneficia a la sociedad, tan sólo a los particulares que habrán de ser concesionarios.

De lo anterior se colige, que al momento que familiares y amigos tanto del Gobernador como de funcionarios públicos del Estado acuden a una licitación, como el tío del actual titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, donde quienes deciden son miembros de su partido, con los que ha entablado una amistad y fraternidad, estos no actúan libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, ni con independencia de criterio; por lo que no preservan la imparcialidad ni la objetividad a que se encuentran obligados.

Noexiste balance presupuestario sostenible, y la forma como se pretende obtener el ingreso para pagar las obras, vulnera directamente el bolsillo de los ciudadanos y golpea su economía; y hasta hoy, no han explicado cómo es que resulta más benéfico realizar esa obra a través de una APP y no por conducto de un mecanismo de obra pública tradicional.

Por lo tanto, para evitar suspicacias futuras en asuntos similares, para otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier Entidad Federativa; es que propongo el presente punto de acuerdo. No permitamos que se repita.

 

Muchas gracias.